La administración de Luis Fortuño otorgó más de $9,300 millones en
contratos por servicios profesionales desde julio de 2009 a diciembre de
2012.
Metro realizó una investigación y, según la información pública disponible en la página electrónica del Contralor, durante el pasado cuatrienio se realizaron alrededor de 150 mil transacciones contractuales que desembolsaron $9,394,133,554.38 del erario.
Durante este periodo, se invirtieron poco más de mil millones de dólares ($1,006,169,445.32) en contratos de publicidad; en servicios relacionados con el proceso electrónico de datos fueron $554 millones; en adiestramiento u orientación fueron $2,600 millones; en servicios de consultoría administrativa, $849 millones; en contabilidad y/o auditoría fueron $279 millones; en servicios legales se invirtieron $693 millones; en servicios personales no profesionales fueron $414 millones, y en servicios técnicos, la inversión fue de $2,900 millones.
La suma de los ocho renglones sobrepasa por casi $2 mil millones los gastos que generaron en promedio sus predecesores del Partido Popular Democrático, Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vilá, desde el año 2004 hasta el 2008.
La administración de Acevedo Vilá y de Calderón —según reportó el periódico El Vocero en el año 2012— gastaron un total de $14 mil millones en contratistas privados en los mismos servicios estudiados para evaluar el gasto de Fortuño, exdirigente del Partido Nuevo Progresista (PNP).
Por su parte, el presidente del PNP, Pedro Pierluisi, defendió los contratos otorgados por Fortuño y aseguró que “cuando miras el aumento y miras también el macro, observas que hubo una reducción en el déficit presupuestario de casi dos terceras partes”.
Mientras, el profesor de Ciencia Política en la Universidad de Puerto Rico José Rivera dijo que, según la filosofía republicana de Fortuño, “pensarías que él estaría muy por debajo de la cifra, porque $9,300 millones es mucho dinero”.
Además, Rivera cuestionó: “¿Dónde está la austeridad?”, cuando el exmandatario recurrió al discurso de “la medicina amarga” que prevaleció en esos años y justificó la implementación de la Ley 7, que produjo una serie de despidos en la plataforma de empleados públicos.
“No hay proyecto de país. Hay visiones fragmentadas definidas por el revanchismo político, la inmediatez, el utilitarismo de los políticos”, expresó Rivera al identificar que la inversión realizada en estos renglones no corresponde específicamente a servicios realizados directamente a la ciudadanía.
Por el contrario, el licenciado Carlos Díaz Olivo defendió la inversión en contratos privados hechos por el exgobernador Fortuño y apuntó que “en Puerto Rico, los servicios profesionales han realizado históricamente una función parecida a lo que cumple la nómina gubernamental, porque este es un país que depende del Gobierno”.
Tanto Rivera como Díaz Olivo coincidieron en que el número invertido en contratos privados no significa que se refleje en un mejoramiento en el servicio público.
“El problema es de naturaleza gerencial y de voluntad, porque hemos tenido malos administradores”, expresó Díaz Olivo.
Metro realizó una investigación y, según la información pública disponible en la página electrónica del Contralor, durante el pasado cuatrienio se realizaron alrededor de 150 mil transacciones contractuales que desembolsaron $9,394,133,554.38 del erario.
Durante este periodo, se invirtieron poco más de mil millones de dólares ($1,006,169,445.32) en contratos de publicidad; en servicios relacionados con el proceso electrónico de datos fueron $554 millones; en adiestramiento u orientación fueron $2,600 millones; en servicios de consultoría administrativa, $849 millones; en contabilidad y/o auditoría fueron $279 millones; en servicios legales se invirtieron $693 millones; en servicios personales no profesionales fueron $414 millones, y en servicios técnicos, la inversión fue de $2,900 millones.
La suma de los ocho renglones sobrepasa por casi $2 mil millones los gastos que generaron en promedio sus predecesores del Partido Popular Democrático, Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vilá, desde el año 2004 hasta el 2008.
La administración de Acevedo Vilá y de Calderón —según reportó el periódico El Vocero en el año 2012— gastaron un total de $14 mil millones en contratistas privados en los mismos servicios estudiados para evaluar el gasto de Fortuño, exdirigente del Partido Nuevo Progresista (PNP).
Por su parte, el presidente del PNP, Pedro Pierluisi, defendió los contratos otorgados por Fortuño y aseguró que “cuando miras el aumento y miras también el macro, observas que hubo una reducción en el déficit presupuestario de casi dos terceras partes”.
Mientras, el profesor de Ciencia Política en la Universidad de Puerto Rico José Rivera dijo que, según la filosofía republicana de Fortuño, “pensarías que él estaría muy por debajo de la cifra, porque $9,300 millones es mucho dinero”.
Además, Rivera cuestionó: “¿Dónde está la austeridad?”, cuando el exmandatario recurrió al discurso de “la medicina amarga” que prevaleció en esos años y justificó la implementación de la Ley 7, que produjo una serie de despidos en la plataforma de empleados públicos.
“No hay proyecto de país. Hay visiones fragmentadas definidas por el revanchismo político, la inmediatez, el utilitarismo de los políticos”, expresó Rivera al identificar que la inversión realizada en estos renglones no corresponde específicamente a servicios realizados directamente a la ciudadanía.
Por el contrario, el licenciado Carlos Díaz Olivo defendió la inversión en contratos privados hechos por el exgobernador Fortuño y apuntó que “en Puerto Rico, los servicios profesionales han realizado históricamente una función parecida a lo que cumple la nómina gubernamental, porque este es un país que depende del Gobierno”.
Tanto Rivera como Díaz Olivo coincidieron en que el número invertido en contratos privados no significa que se refleje en un mejoramiento en el servicio público.
“El problema es de naturaleza gerencial y de voluntad, porque hemos tenido malos administradores”, expresó Díaz Olivo.